Informe final de la Red por la Equidad Democrática en Honduras
abril 30, 2021Convocatoria para la contratación de un Consultor/a para apoyar a la Comisión de Reformas al Sector Justicia
mayo 19, 2021Por: Elvira Cuadra Lira
Durante las últimas dos primeras décadas del siglo XXI, en Centroamérica se ha configurado un escenario de alta inseguridad y violencia a pesar de que los conflictos bélicos que azotaron a la región finalizaron en el transcurso de los años 90. La época de democracia, paz y desarrollo que anhelaban los pueblos centroamericanos y que se pensaba, se instalaría en la región a raíz de la finalización de esos conflictos, se trastocó en realidades donde las democracias languidecen por su fragilidad, la paz es amenazada constantemente por la inseguridad y la violencia; mientras que la inequidad, la exclusión y la pobreza prevalecen entre las grandes mayorías de población.
Estas realidades oscurecen el presente y comprometen el futuro de tal manera que al menos en cuatro de los países de la región, se ha abierto un flujo de migración con poblaciones empobrecidas que huyen de la violencia, con rumbo norte en su mayoría, para encontrar nuevas oportunidades a pesar de los riesgos y dificultades que supone el recorrido.
Un arco histórico para la reflexión
El inicio de la tercera década del siglo abre una nueva oportunidad para reflexionar a fondo sobre el presente y el futuro de Centroamérica. En el 2017 se conmemoró el 30 aniversario de los Acuerdos de Esquipulas, que abrieron la posibilidad de alcanzar la paz en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El espíritu plasmado en esos acuerdos hacía referencia a una región de paz, democracia y desarrollo, basada en la justicia social, la libertad y la reconciliación.
En el año 2020, en Nicaragua se conmemoró el 30 aniversario de las elecciones que permitieron el inicio de la transición política y el fin de la guerra. Los resultados de estas elecciones han marcado la memoria colectiva e histórica del país por su trascendencia y por los efectos que tuvo en la sociedad nicaragüense con el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos. En el 2020 también se conmemoró el 25 aniversario del Tratado Marco de Seguridad Democrática, un instrumento regional todavía vigente que establece las referencias más importantes en la materia para todos los países.
El 2021 marca una fecha especial con el Bicentenario de la independencia de Centroamérica como colonia española. Años atrás se pensó que para esta época la región ya habría consolidado sus regímenes democráticos y tendría avances significativos en materia de desarrollo humano; sin embargo, el Bicentenario encuentra a Centroamérica en medio de un escenario complejo.
Gráfico 1: Un arco histórico para la reflexión en Centroamérica
Fuente: elaboración propia
Este mismo año se conmemora el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz en Guatemala que finalizaron el prolongado y cruento conflicto interno del país, abriendo nuevas oportunidades para la construcción de la paz y la democracia. Otro acontecimiento para recordar son los doce años del golpe de Estado en Honduras, entre todos, tal vez el menos esperanzador porque reveló la permanencia de las fuerzas autoritarias en la región.
El año 2022, con el que se cierra este arco histórico, marca un momento significativo con la conmemoración del 30 aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador, que también abrieron la oportunidad para construir la democracia y finalizar el conflicto bélico en ese país.
Una Centroamérica convulsa y un halo de esperanza
Desde hace un par de décadas Centroamérica es considerada una de las regiones más violentas del mundo, fuera de los países en abierto conflicto armado. Durante los últimos años el escenario de la seguridad está caracterizado por una tendencia creciente en la criminalidad y la delincuencia común; cambios significativos en las formas de operar del crimen organizado transnacional y un nuevo ciclo de conflictos y movilización social. Este escenario es dinámico y ha venido cambiando a lo largo del tiempo, reconfigurando las condiciones y percepciones de las sociedades centroamericanas respecto a la seguridad.
Uno de los indicadores más relevantes de la criminalidad en general, es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a los datos de Infosegura[1], entre 2010 y 2020, Centroamérica y República Dominicana experimentaron una reducción sensible de la tasa de homicidios pasando de 50.5 a 18.4 por cada 100 mil habitantes, acercándose al promedio latinoamericano.
Gráfico 2: Evolución de las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes. 2010-2020
Fuente: Infosegura
Infosegura también registra un incremento del 4 % en la incidencia delictiva entre 2018 y 2019 en los países del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras); mientras que las mujeres entre 15 y 19 años fueron las principales víctimas de violación para ese mismo período. Un estudio realizado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos, reveló que entre enero de 2018 y agosto de 2019, en la región ocurrieron 2,200 femicidios, y los países que muestran las tasas más altas son Honduras y El Salvador con 6.8 y 5.1 por cada 100 mil mujeres, respectivamente[2].
El crimen organizado transnacional también representa una amenaza de primer orden para la región centroamericana, especialmente las actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego y la trata de personas. Es indudable que la región es un punto de interés para los grupos de crimen organizado porque es el paso natural de las rutas entre el sur donde se produce una gran cantidad de cocaína, y el norte donde se encuentra uno de los mercados más grandes en el mundo. Las maras o pandillas permanecen como grupos de alto riesgo en los tres países del norte de Centroamérica por los niveles de violencia que emplean, el control de territorios, su extensión, niveles de organización y sus vínculos con el crimen organizado transnacional. En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó la detención de más de 700 personas vinculadas con este tipo de grupos en una operación conjunta con Guatemala, El Salvador y Honduras[3].
La forma de operar del crimen organizado se ha modificado durante los últimos años, sobre todo porque en algunos países han logrado permear a las instituciones estatales hasta el más alto nivel, tal como se ha podido comprobar en diferentes casos[4]. Estas estructuras instaladas al más alto nivel, además de facilitar el transporte de las mercancías ilícitas, facilitan también el lavado de activos aprovechando las debilidades institucionales y los altos niveles de corrupción que prevalecen en toda la región.
El escenario de la inseguridad y la violencia regional se ha vuelto más complejo con las oleadas de migrantes que salen desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos, y que desde Nicaragua salen hacia Costa Rica. Entre estas olas de migrantes destacan la de los menores no acompañados que inició aproximadamente en el 2013 y se extiende hasta la actualidad[5]; poco después, en 2018, siguieron las caravanas de miles de migrantes que inician en Honduras, a las cuales se unen grupos de personas en El Salvador y Honduras, y son violentamente reprimidas en las fronteras de Guatemala y México para impedir su llegada a Estados Unidos[6]. En el caso de Nicaragua, la política de represión emprendida por el gobierno en contra de la masiva ola de protestas que inició en 2018, dio lugar al desplazamiento forzado de más de 80 mil personas hacia Costa Rica[7]. El denominador común es que huyen de la pobreza, de los efectos de la pandemia global por el Coronavirus, pero principalmente, huyen de la violencia e inseguridad.
Otro elemento de este complejo escenario es la nueva tendencia autoritaria que se ha instalado en la región y se expresa en las crisis institucionales, así como las respuestas represivas a los conflictos y las movilizaciones sociales. Tal es el caso de la irrupción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el congreso[8] a inicios del 2020; las crisis institucionales que han enfrentado los tres últimos presidentes guatemaltecos: Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei[9]; la crisis sociopolítica de Nicaragua[10]; y la que enfrenta el presidente hondureño Juan Orlando Hernández[11]. Costa Rica, la democracia más antigua y estable de la región, también se enfrenta una crisis política, social y económica que ha dado lugar a enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo, así como numerosas protestas de distintos sectores sociales[12].
A pesar de estos entornos hostiles y de los intensos flujos de migración, un halo de esperanza se mantiene en el invaluable potencial humano de la región. Centroamérica tiene una población estimada de 61 millones de habitantes para el 2020, y de ellos un poco más de la mitad son jóvenes y adultos jóvenes, de tal manera que la región experimenta un proceso de transición demográfica, también llamado bono demográfico. Esta mayoría de población representa un capital social inmenso, tiene gran potencialidad para el desarrollo de los países centroamericanos para el presente y para el futuro; pero además, constituyen los sujetos protagonistas que pueden propiciar un cambio para Centroamérica. Sin embargo, esas juventudes requieren condiciones mínimas políticas, económicas y sociales para desplegar su potencial.
El recuento del debate regional en seguridad
Los temas de seguridad, en especial las políticas públicas y las reformas institucionales, han estado en la agenda de Centroamérica desde la década de los 90 por la forma en que ha evolucionado el escenario y las percepciones de las sociedades. Tienen un estrecho vínculo con los procesos políticos de cada uno de los países, de tal manera que no es posible comprender los giros o cambios sin tomar en cuenta el entrelazamiento de ambos hilos. Además, las reformas a la seguridad se mueven entre las pendulares tensiones entre los viejos autoritarismos y las demandas de democracia. En los debates públicos es posible identificar tres grandes momentos.
- El período 1990-1991. El debate y las políticas en esa época se enfocan en las relaciones entre civiles y militares, particularmente la subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil considerando las recién instaladas democracias a raíz de la finalización de los conflictos bélicos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala; Honduras también entró activamente al debate por los cambios específicos que estaba experimentando en su proceso político. Uno de los resultados más importantes fue la separación de las funciones militares de las de orden interior, o seguridad, que dio lugar al nacimiento de las fuerzas policiales. En efecto, la Policía Nacional Civil de El Salvador, fue fundada en 1992; la Policía Nacional Civil de Guatemala fue fundada en 1997 y en Honduras, se creó la Policía Nacional en 1998, aunque en las décadas anteriores existieron varios cuerpos policiales subordinados a las fuerzas armadas. Nicaragua también participó en los debates y se efectuaron procesos de reforma tanto en las fuerzas armadas como en la policía.
- El período 2000-2010. En esa década y ya con un protagonismo político menos público, las instituciones armadas de la región comenzaron a desarrollar procesos a los que se les denominó de “profesionalización y modernización”, que significaron el redimensionamiento de fuerzas y presupuestos, su participación en las llamadas misiones no tradicionales y comenzaron a incursionar nuevamente en las tareas de seguridad ciudadana bajo la justificación de las políticas de mano dura, la poca eficiencia de las instituciones policiales y las denuncias de violaciones a derechos humanos. En el caso de las políticas de seguridad y los cuerpos policiales, se aplicaron políticas de “mano dura” y “súper mano dura” que no dieron resultado y más bien exacerbaron la inseguridad, la violencia y la criminalidad, especialmente en relación a las maras o pandillas juveniles en El Salvador, Honduras y Guatemala[13]. En ese período se desarrollaron procesos de reforma policial para tratar de superar la ineficiencia de esas instituciones y por el incremento de las denuncias de violaciones a derechos humanos. En el plano regional, se instalaron mecanismos de coordinación e intercambio de información tanto entre las fuerzas armadas como entre los cuerpos policiales, en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
- c) El período 2011-2020. Esta última década ha significado un resurgimiento del protagonismo político de los militares que en realidad inició con el golpe de Estado de 2009 en Honduras y se extendió luego a Nicaragua en 2011 con Omar Hallesleven, general en retiro y anterior jefe del ejército, como vicepresidente, y a Guatemala en 2012 con la elección de Otto Pérez Molina, general retirado. Además, los militares comenzaron a ocupar cargos de naturaleza civil, participan más activamente en las tareas de seguridad y se extendieron los enfoques militaristas en relación a los retos de la seguridad para la región, pero especialmente en relación al tratamiento de los conflictos sociales. En el caso de los cuerpos policiales, se produjo un giro de los enfoques de mano hacia las policías comunitarias y se profundizaron los procesos de reforma para tratar de ensayar nuevos métodos frente al fracaso de las políticas de mano dura. Durante los últimos años y particularmente en el contexto de la pandemia por el Covid-19, las policías han adoptado enfoques represivos y militaristas, tal como se puede observar en los casos de Honduras[14] y Nicaragua[15].
Una nueva oportunidad para Centroamérica
Aunque el escenario político y de seguridad no parece favorable, el inicio de la tercera década del siglo y el arco histórico abierto en Centroamérica ofrece una oportunidad para la reflexión en relación al presente y el futuro de la región. Este ejercicio es urgente porque se presenta además, una convergencia particular de situaciones que pueden apalancar el desarrollo y generar las condiciones para una Centroamérica donde las generaciones de jóvenes actuales y futuras puedan materializar sus proyectos individuales y colectivos.
Es necesario repensar la paz, la democracia y la seguridad en Centroamérica; encontrar de nuevo las motivaciones y los enfoques para retomar el rumbo de los procesos democráticos en la región, el fortalecimiento de las instituciones, el ejercicio pleno de los derechos y libertades, y la promoción de la participación ciudadana. Más allá de ser un ejercicio académico, éste es un ejercicio político que involucra tanto a los ciudadanos como a los liderazgos de toda la región, que son los que tienen la principal responsabilidad.
En materia de seguridad, esos liderazgos tienen que modificar sus enfoques sobre las políticas, el papel de las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y el papel del Estado en la creación de condiciones que le permitan a las sociedades centroamericanas convivir en armonía, disminuir los niveles de violencia y criminalidad, y promover la cohesión social.
Estos nuevos enfoques se deberían materializar en políticas públicas de seguridad formuladas desde principios democráticos, el respeto a los derechos humanos, con perspectiva regional e integral. También es necesario formular políticas sociales que construyan condiciones durables para la prevención, la movilidad social y el desarrollo de las generaciones jóvenes.
Un aspecto crucial consiste en la promoción de una cultura de paz que permita desterrar el militarismo, en tanto un conjunto de ideas asumidas por un individuo, una institución o una comunidad y que tienen en su centro creencias, tales como, identificar a las fuerzas armadas como recurso para resolver tensiones y conflictos; que las relaciones jerárquicas son más efectivas y que un Estado sin ejército es débil[16]. Evidentemente, en Centroamérica este es un enfoque que prevalece en las élites políticas y económicas, pero se ha extendido a las sociedades centroamericanas a través de discursos y prácticas que justifican e incluso demandan las soluciones autoritarias, represivas y punitivas a los problemas de la seguridad. Esta es la militarización como un proceso social[17].
Desde la sociedad civil es posible impulsar dos acciones fundamentales: a) la auditoría e incidencia sobre los líderes políticos, particularmente los gobernantes, así como las políticas públicas de seguridad y sociales, de tal manera que respondan a las demandas y necesidades de la población, que efectivamente contribuyan a crear condiciones de mayor seguridad y disminuir la violencia sobre la base de principios democráticos y el respeto a los derechos humanos; y b) fortalecer las capacidades para la producción de conocimientos y el debate público informado y crítico.
El escenario de Centroamérica es complejo y parece un camino con resultados en el largo plazo y no a lo inmediato, pero si se quiere construir una región con futuro, hay que construirlo desde ahora.
[1] https://infosegura.org/2021/03/02/analisis-sobre-seguridad-ciudadana-en-centroamerica-enero-a-diciembre-2020/
[2] https://www.vozdeamerica.com/america-latina/centroamerica-con-mas-de-2200-feminicidios
[3] https://www.justice.gov/opa/pr/mas-de-700-miembros-de-grupos-criminales-transnacionalales-son-arrestados-en-centro-america
[4] Por ejemplo, el caso Fariñas que develó una red centroamericana de tráfico y lavado: https://www.plazapublica.com.gt/content/nicaragua-30-anos-de-prision-henry-farinas; el vínculo entre grupos de crimen organizado, élites e instituciones públicas en Guatemala: https://es.insightcrime.org/noticias/insight-crime-crimen-fronterizo-corrupcion-guatemala/; y más recientemente el juicio que involucra al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y otros integrantes de su familia en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero: https://www.nytimes.com/es/2021/03/23/espanol/honduras-juicio-juan-orlando-hernandez-narcotrafico.html
[5] https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/07/07/migracion-de-menores-en-centroamerica
[6] Ver: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2019-11-17/un-ano-despues-el-impredecible-legado-de-la-caravana-de-migrantes; y https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55698861
[7] https://www.acnur.org/desplazamiento-en-centroamerica.html
[8] https://es.euronews.com/2020/02/10/nayib-bukele-irrumpe-con-militares-armados-en-el-congreso-salvadoreno
[9] Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150903_renuncia_perez_molina_guatemala_corrupcion_aw; https://www.nytimes.com/es/2018/09/10/espanol/el-origen-de-la-crisis-en-guatemala-y-lo-que-podria-suceder.html; https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20201126-debate-crisis-guatemala-gobierno-giammatei-protestas
[10] https://nuso.org/articulo/nicaragua-pandemia-elecciones-y-violencia-politica/?fbclid=IwAR1oNdM1quet0k35aNN7fZ8vs9hI9xy8VMva7nc1JGFjLNB6isOevIzYZvQ
[11] https://www.dw.com/es/honduras-y-la-narcopol%C3%ADtica-nuevos-alcances-de-la-crisis-institucional-y-humanitaria/a-56279679
[12] https://semanariouniversidad.com/opinion/la-crisis-politica-social-y-economica-que-vive-costa-rica/
[13] https://www.nuso.org/articulo/la-falacia-de-la-mano-dura/
[14] Ver: WOLA-UNAH-IUDPAS (2020). El papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública en Honduras. Tegucigalpa.
[15] https://expedienteabierto.org/de-institucion-nacional-a-aparato-de-represion-la-evolucion-de-la-policia-en-nicaragua-1990-2020/
[16] Ver: Enloe, Cinthya (2014). Understanding Militarism, Militarization, and the Linkages with Globalization. Using a Feminist Curiosity. En, Gender and Militarism. WPP: The Hague.
[17] Enloe, Cinthya. Op. Cit.
